Los principales sindicatos españoles convocaron este miércoles una huelga general para el 11 de noviembre, con el objetivo de impulsar sus reivindicaciones en materia de vivienda y salarios, a pocas semanas de las elecciones legislativas anticipadas previstas para el 29 de noviembre.
El anuncio de la huelga se produjo el mismo día en que falleció, a los 87 años, Maricarmen Abascal, la jubilada madrileña cuyo desahucio desencadenó una amplia ola de movilizaciones contra la crisis de la vivienda en España.
Su caso contribuyó a situar esta cuestión en el centro del debate político de cara a las elecciones anticipadas.
Los sindicatos UGT y CCOO llamaron a la población a «movilizarse por mejores salarios, por una vivienda digna y por medidas de control de los precios frente a una inflación que está erosionando el poder adquisitivo».
En un comunicado, ambas organizaciones señalaron que la huelga constituye «la respuesta a la insaciable avidez inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de la población, haciendo prácticamente imposible el acceso a una vivienda digna».
Los sindicatos también denunciaron «una política favorable a las empresas que aprovechan el crecimiento económico del país para aumentar su riqueza mediante enormes beneficios obtenidos a costa de los trabajadores».
Las principales organizaciones de inquilinos llevan varias semanas presionando a la clase política española para que impulse una reforma del mercado de la vivienda.
El acceso a la vivienda se ha vuelto inalcanzable para una parte cada vez mayor de la población, especialmente para los jóvenes y las personas mayores.
La Unión de Inquilinos de Madrid consideró que el caso de Maricarmen Abascal, cuyo desahucio desencadenó las movilizaciones previas a la convocatoria electoral, constituyó «un punto de inflexión en la historia de este país».
El martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó dos nuevos decretos en materia de vivienda, similares a otros textos que habían sido rechazados anteriormente.
Sin embargo, su aprobación podría verse facilitada gracias a que serán examinados por la Diputación Permanente del Parlamento.
