Más de un millón de solicitudes de regularización de personas extranjeras en situación irregular han sido registradas en España tras la finalización del dispositivo excepcional, según informó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El proceso, que concluyó este martes, fue calificado por el jefe del Ejecutivo como una “etapa clave” para facilitar la salida de la precariedad administrativa de cientos de miles de migrantes.
El presidente defendió una política migratoria “legal, segura y ordenada”, subrayando la importancia de la inmigración para cubrir las necesidades del mercado laboral español.
Según las autoridades, los expedientes serán examinados en un plazo de tres meses para decidir la concesión de permisos de residencia y trabajo válidos en el territorio español.
Para ser elegibles, los solicitantes debían acreditar al menos cinco meses de residencia en España a fecha del 1 de enero de 2026.
El dispositivo, abierto del 16 de abril al 30 de junio, fue lanzado inicialmente con la previsión de regularizar a unas 500.000 personas, cifra ampliamente superada.
Pedro Sánchez anunció además un Plan de integración y ciudadanía dotado con 500 millones de euros para su primera fase.
El Gobierno considera que esta medida responde también a los retos demográficos vinculados al envejecimiento de la población.
