La deuda de las administraciones públicas españolas alcanzó un nuevo máximo histórico de 1,740 billones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un aumento del 4,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos publicados por el Banco de España.

En términos absolutos, el volumen de la deuda aumentó en 72,1 mil millones de euros en un año y en 41,3 mil millones de euros respecto al cuarto trimestre de 2025, superando el anterior récord de 1,709 billones registrado en el tercer trimestre del año pasado.

A pesar de este incremento, el peso de la deuda sobre el producto interior bruto (PIB) continuó descendiendo hasta situarse en el 101,6%, es decir, 1,7 puntos porcentuales menos que en el primer trimestre de 2025. Esta evolución refleja un crecimiento económico más sólido que el ritmo de aumento de la deuda pública.

El Gobierno español prevé que esta tendencia continúe en los próximos meses y estima que la ratio de deuda pública se reduzca hasta el 99,3% del PIB a finales de 2026, lo que permitiría al país situarse por debajo del umbral del 100% un año antes de lo previsto.

Según el Banco de España, la deuda de la administración central ascendió a 1,602 billones de euros en marzo de 2026, equivalente al 93,6% del PIB, con un incremento interanual del 4,5%. La deuda del Estado representó por sí sola 1,589 billones de euros, con un aumento del 4,7%.

La deuda de la Seguridad Social alcanzó los 136,2 mil millones de euros, un 7,9% más que en el primer trimestre de 2025, debido principalmente a los préstamos concedidos por el Estado para financiar parte del déficit del sistema.

A nivel regional, la deuda de las comunidades autónomas se situó en 346,9 mil millones de euros, equivalente al 20,3% del PIB, con un crecimiento del 2,6% interanual. La Comunidad Valenciana sigue siendo la región más endeudada, seguida de Murcia, Cataluña y Castilla-La Mancha.

Por su parte, las corporaciones locales redujeron su deuda en un 9,5% interanual, hasta 20,7 mil millones de euros, lo que representa el 1,2% del PIB.

El Gobierno mantiene su previsión de una reducción gradual del ratio deuda/PIB en los próximos años, aunque sin fijar aún una fecha concreta para alcanzar el límite del 60% establecido por las reglas fiscales de la Unión Europea.