El Gobierno marroquí se orienta hacia una reforma gradual del impuesto sobre la renta durante el período 2027-2031, que contempla elevar el umbral anual de exención de 40.000 a 60.000 dírhams y reducir el tipo marginal máximo del 37 % al 30 %. Estas propuestas, anunciadas el 20 de octubre de 2026, reflejan la voluntad gubernamental de fortalecer el poder adquisitivo de los hogares, simplificar el sistema tributario y estimular el consumo interno como uno de los principales motores del crecimiento económico.

La reforma del impuesto sobre la renta constituye uno de los ejes económicos más destacados del programa gubernamental presentado por Fatima Ezzahra El Mansouri, jefa del Gobierno marroquí. Según las orientaciones anunciadas el 20 de octubre de 2026, el Ejecutivo prevé una revisión progresiva de la escala tributaria aplicable a las rentas de las personas físicas, con el objetivo de aliviar la presión fiscal y mejorar la renta disponible de los hogares. La propuesta contempla elevar el umbral anual de exención de la renta neta imponible de 40.000 a 60.000 dírhams, al tiempo que reduciría el número de tramos fiscales de cinco a tres.

Los nuevos tipos previstos serían del 10 %, 20 % y 30 %, frente al tipo marginal máximo del 37 % señalado actualmente. De aprobarse, esta orientación representaría un avance significativo hacia la simplificación del sistema tributario y una mayor transparencia para los contribuyentes, además de permitir una posible reducción de las retenciones fiscales aplicadas a determinadas categorías de asalariados y profesionales.

La implementación de la reforma se desarrollaría gradualmente entre 2027 y 2031, condicionada a la aprobación de las disposiciones legislativas y reglamentarias correspondientes.

Entre el apoyo al poder adquisitivo y la preservación de los equilibrios presupuestarios.

La dimensión económica de esta reforma se centra en mejorar los ingresos netos de los hogares y reforzar su capacidad de consumo, en un contexto en el que la demanda interna adquiere una importancia creciente como motor de la actividad económica.

Una reducción de la carga tributaria permitiría a determinadas familias disponer de recursos financieros adicionales que podrían destinarse al consumo, al ahorro o a la inversión, con posibles repercusiones positivas sobre los sectores del comercio, los servicios y la producción. Asimismo, la simplificación de la escala fiscal podría aumentar el atractivo del empleo formal y fomentar la declaración de ingresos, especialmente si va acompañada de una mejora de los mecanismos de cumplimiento tributario y de una ampliación de la base imponible.

Sin embargo, el impacto real de la reforma dependerá de cómo se distribuyan las reducciones fiscales entre los distintos niveles de renta, de los límites establecidos para cada tramo y de las medidas complementarias que se adopten. Además, los hogares que actualmente no están sujetos al impuesto sobre la renta no se beneficiarán directamente de esta reducción, lo que pone de manifiesto la importancia de complementar la reforma tributaria con políticas de apoyo social y de mejora de los servicios públicos.

Por otra parte, esta orientación plantea un desafío fundamental relacionado con la capacidad de las finanzas públicas para conciliar la reducción de la presión fiscal con el mantenimiento de los recursos necesarios para financiar los compromisos sociales y las inversiones estratégicas. El Gobierno deberá continuar movilizando los fondos destinados a la sanidad, la educación, las infraestructuras y la protección social, al mismo tiempo que impulsa la inversión productiva y fortalece la competitividad de la economía nacional.

Aunque una reducción del impuesto sobre la renta podría estimular la actividad económica y contribuir a ampliar la base tributaria a medio plazo, la compensación de una eventual disminución de los ingresos fiscales no se producirá automáticamente. Para ello será necesario garantizar un crecimiento económico sostenible, mejorar la eficiencia de la recaudación y reforzar la lucha contra la evasión fiscal.

Para Marruecos, el verdadero desafío no consiste únicamente en reducir los tipos impositivos, sino en construir un sistema tributario más justo, transparente y eficiente, capaz de equilibrar el estímulo a la iniciativa económica, la protección del poder adquisitivo y la sostenibilidad de las finanzas públicas. El éxito de la reforma dependerá de su coherencia con las demás políticas económicas y sociales, así como de su capacidad para transformar los beneficios fiscales en efectos tangibles sobre el consumo, la inversión y el empleo.

En definitiva, la reforma del impuesto sobre la renta representa una oportunidad para redefinir la relación entre la política tributaria y el crecimiento económico, mediante un enfoque que convierta la mejora de los ingresos de los hogares y el fortalecimiento de la competitividad empresarial en dos pilares complementarios para construir una economía marroquí más productiva, inclusiva y sostenible.