El Ejecutivo del primer ministro socialista, Pedro Sánchez, era esperado en un momento crucial por los cientos de manifestantes que ocupan desde el sábado por la noche una parte de la muy turística Puerta del Sol, gran plaza en el corazón de Madrid, en señal de protesta contra la especulación inmobiliaria y los desalojos de inquilinos.

Su ira estalló tras el desalojo el miércoles pasado de una madrileña de 87 años, Maricarmen Abascal, obligada a abandonar el apartamento donde vivía desde hacía aproximadamente 70 años, después de su compra por una sociedad inmobiliaria.

Estas medidas, desveladas tras duras negociaciones en el seno de la coalición gubernamental, figuran en dos textos presentados por el Ejecutivo y que aún deben ser votados en el Parlamento, muy fragmentado de cara a las elecciones legislativas previstas en 2027.

Pedro Sánchez saludó un conjunto «ambicioso» de medidas, en un vídeo publicado en la red X, mientras que la ministra de la Vivienda, Isabel Rodríguez, habló, tras el Consejo de Ministros, de «un acuerdo de gran calado social, (que) aborda el principal problema de los españoles».

Entre los principales objetivos anunciados, el Gobierno pretende «frenar las compras especulativas», «identificando» a los «fondos buitre» para «impedirles seguir convirtiendo la vivienda en una mercancía», añadió, sin dar más precisiones sobre este proceso.

Estos fondos de inversión, así como las plataformas de alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, están en el punto de mira de los manifestantes por el derecho a la vivienda, que les acusan de disparar los precios al comprar bienes inmobiliarios y de reducir la oferta para los habitantes.

El Ejecutivo prevé también, en particular, «la regulación de los alquileres de temporada y de los alquileres de habitaciones», añadió en X la ministra de Sanidad, Monica García.

«Hoy es un gran día para los inquilinos y los pequeños propietarios. Y malo para los especuladores», se felicitó también en X Félix Bolaños, ministro de la Presidencia del Gobierno, mientras que la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, saludó unas medidas «extremadamente importantes».

El Parlamento debe reunirse el viernes en sesión extraordinaria para pronunciarse sobre estos decretos-ley, precisó Isabel Rodríguez a los periodistas, llamando, como Pedro Sánchez, a todas las formaciones políticas a dar «una mayoría» a los dos textos en la cámara. Sin garantía, no obstante, en esta etapa.

De momento, estos anuncios no parecen haber convencido totalmente a los manifestantes: si el sindicato de inquilinos españoles saludó «una victoria del poder popular», sus portavoces anunciaron también nuevas manifestaciones.

«Esto solo hace que empezar y por eso convocamos movilizaciones a escala nacional en todas las ciudades del país este fin de semana», advirtió ante la prensa Valeria Racu, una de las representantes del sindicato. Por la noche, aseguró que los dos textos no constituyen «un punto final» a la movilización.

Esta llamada a nuevas concentraciones es relayada en las redes sociales, en el momento en que la movilización gana otras ciudades del país. Acampadas de manifestantes han surgido en las últimas horas, en particular en Málaga o Sevilla, en Andalucía.

En Madrid, donde los manifestantes inician una cuarta noche de ocupación de la Puerta del Sol, las autoridades regionales y el ayuntamiento, ambos dirigidos por la derecha, han pedido a la prefectura desmantelar esta acampada juzgada «ilegal».

Los manifestantes por la vivienda habían registrado una primera victoria el lunes por la noche, cuando se alcanzó un acuerdo con la sociedad inmobiliaria que compró el apartamento de Maricarmen Abascal para permitirle volver a su casa. La octogenaria, hospitalizada estos últimos días, aún debe firmarlo.