Aumentar el gasto público en sectores como la educación y la salud suele presentarse como la solución natural a las crisis estructurales que los deterioran. Sin embargo, la realidad desmiente una y otra vez esa falsa idea de eficiencia presupuestaria: disponer de más recursos no se traduce necesariamente en servicios más eficaces.

Detrás de los miles de millones inyectados suelen esconderse mecanismos de ineficiencia crónica, en los que el gasto sustituye a la reforma y se confunde el volumen presupuestario con la calidad del servicio prestado.

Los ciudadanos, por su parte, ya no se dejan engañar. Siguen denunciando escuelas que no funcionan, hospitales saturados, desigualdades flagrantes en el acceso y en la calidad. Esta paradoja, lejos de ser coyuntural, revela una patología profunda de las políticas públicas: la ineficacia del gasto, no por falta de fondos, sino por fallos de gobernanza. El dinero existe, pero se evapora en la complejidad administrativa, en prioridades mal definidas, en la ausencia de evaluación y en la falta de rendición de cuentas a nivel de gestión.

La educación: una inversión masiva, un rendimiento bajo

En la mayoría de los países, la educación figura entre las partidas más voraces del presupuesto. Los gobiernos la consideran una inversión estratégica —y no les falta razón—, pero el rendimiento de ese gasto sigue siendo dramáticamente bajo. Cada año, el ministerio de Educación absorbe una proporción creciente del presupuesto nacional. Las cifras impresionan: salarios revalorizados, construcción de escuelas, programas de dotación digital. Y, sin embargo, en las aulas persisten los mismos síntomas: docentes desmotivados, planes de estudio obsoletos, infraestructuras deterioradas, aprendizajes frágiles.

El problema no es la cantidad de dinero inyectada, sino el mecanismo de su dispersión. La remuneración desplaza a la formación, la burocracia se impone a la pedagogía y la reforma se convierte en un ejercicio de comunicación más que en un cambio de método. ¿El resultado? Una escuela que consume más de lo que transforma; un sistema que confunde gasto con progreso. La educación pública pasa a ser un ritual administrativo, donde cada reforma parece borrar la anterior sin corregir nunca las causas profundas del declive en la calidad.

La salud: cuando el gasto no cura

El sector sanitario reproduce el mismo patrón. Los presupuestos hospitalarios se disparan, los planes de inversión se suceden, pero las colas se alargan y el personal se agota. Los hospitales públicos carecen de equipamiento, las zonas rurales siguen infradotadas y la medicina preventiva continúa siendo la gran olvidada del sistema.

Esta ineficacia tiene su origen en una conducción vertical y desarticulada, incapaz de garantizar coherencia entre los distintos niveles de atención. Las compras públicas suelen ser opacas, las inversiones se concentran en la “infraestructura” más que en los recursos humanos, y las reformas chocan con la pesadez institucional. El ciudadano ve el gasto, pero no percibe el servicio. La eficiencia se diluye en la complejidad, y el seguimiento y la evaluación —ese barómetro de toda buena política pública— permanece casi inexistente.

¿Dinero público “sin brújula”?

El verdadero problema, por tanto, no reside en la escasez de fondos, sino en la ausencia de un rumbo estratégico. El dinero público circula a menudo sin brújula. Los diagnósticos existen, pero su traducción en decisiones coherentes sigue siendo parcial. Las políticas funcionan más con lógica de medios que con lógica de resultados. Los presupuestos se aprueban, se ejecutan y luego se olvidan, sin medir su impacto real sobre el terreno.

Este déficit de rendición de cuentas alimenta la desconfianza. El Estado gasta, el ciudadano paga, pero nadie sabe con precisión en qué se utilizó el dinero. Es esta opacidad presupuestaria, tanto como la escasez de recursos, la que socava la confianza en la acción pública. La transparencia y la responsabilidad ya no son opciones técnicas, sino imperativos democráticos.

Gastar mejor, no gastar más

La eficacia no se impone por decreto presupuestario. Depende de la claridad de los objetivos, del rigor del seguimiento, de la transparencia en las decisiones y de la responsabilización de los actores. En educación y en salud, hay que volver a aprender a gastar con inteligencia, no a gastar más.

Eso implica repensar la gobernanza, reforzar la evaluación independiente e instaurar una verdadera cultura del resultado. Mientras la calidad de la gestión pública no avance al mismo ritmo que los presupuestos, los Estados seguirán apilando miles de millones sobre sistemas enfermos, sin tratar nunca sus causas.