El gobierno español ha anunciado una medida importante para garantizar el acceso a la atención sanitaria pública a todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa, incluyendo a quienes se encuentran en situación irregular. Esta reforma, aprobada mediante un decreto real el 10 de marzo de 2026, forma parte de una política de apertura en materia de inmigración liderada por el gobierno del Primer Ministro Pedro Sánchez.
La medida reconoce por primera vez el derecho a la protección y a la atención sanitaria para los extranjeros que no residen legalmente en el país, eliminando las barreras administrativas que anteriormente limitaban el acceso a ciertos servicios. También incluye a ciudadanos españoles que regresan a vivir en España y a los miembros de sus familias.
Para facilitar la implementación de esta reforma, las autoridades adoptaron un decreto real que evita el proceso legislativo tradicional, debido a la falta de mayoría parlamentaria del gobierno socialista. Hasta ahora, las personas sin papeles podían acceder ocasionalmente a atención de urgencia o a servicios maternos, pero el proceso era complejo y variaba según la región.
Esta reforma se enmarca dentro de un contexto más amplio de regularización e integración de inmigrantes en situación irregular en España. A principios de año, Madrid presentó un plan de regularización que podría beneficiar a unas 500.000 personas en situación irregular, como respuesta a las necesidades del mercado laboral frente al envejecimiento demográfico.
Con esta decisión, España se convierte en uno de los pocos países europeos en adoptar un enfoque tan inclusivo en materia de salud e inmigración, mientras que varios Estados miembros de la Unión Europea mantienen políticas migratorias más restrictivas. Los partidos de derecha y extrema derecha han criticado la medida, argumentando que podría ejercer presión adicional sobre los servicios públicos de salud.
